Nació en México el de enero de 1922. Estudió en la U.N.AM., en donde obtuvo en agosto de 1945, el título de Lic. En Derecho. En 1957, fue Oficial del P.R.I. en julio de 1970 fue electo para ocupar la presidencia de los Estados Unidos Mexicanos durante el sexenio de diciembre de 1976.
LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ, ex presidente de México, nació en la ciudad de
México D.F. el 17 de enero de 1922.
En 1940 ingresó en la Escuela Nacional de Jurisprudencia de la Universidad
Nacional Autónoma de México, donde se licenció en Derecho en agosto de
1945. En 1947 fue catedrático de Teoría General del Estado en la misma
Escuela.
En sus años de estudiante fundó la revista "México y Universidad".
En 1946 ingresó en el Partido Revolucionario Institucional (PRI), donde
comenzó como secretario particular del Presidente del Comité Central
Ejecutivo, general Rodolfo Suárez Taboada, ha sido también director de
prensa y propaganda del mismo partido y en 1958 fue nombrado Oficial Mayor.
Respecto a las responsabilidades en la vida política de su país, en 1952 fue
designado Director General de Cuenta y Administración de la Secretaría de
Marina. Dos años después, en 1954, fue nombrado Oficial Mayor de la
Secretaría de Educación Pública.
En 1958 obtuvo el cargo de Subsecretario de Gobernación, alcanzó la
Secretaría (ministerio) en 1964, cargo que ocupó hasta su presentación como
candidato a la presidencia de la República en 1969. Como consecuencia de
su cargo, fue nombrado asimismo Presidente de la Comisión Federal
Electoral.
Durante su mandato asistió como presidente de la comisión mexicana al
Congreso de las Naciones Unidas sobre prevención del delito y tratamiento
del delincuente celebrado en Londres en 1960.
Asimismo vivió las revueltas estudiantiles en la Universidad de México en
octubre de 1968, en las que actuó como mediador, desde su puesto de
secretario(ministro) de gobernación, que ocupó durante la presidencia de
Gustavo Díaz Ordaz (1964-1970).
El 10 de diciembre de 1970 tomó posesión como Presidente de los Estados
Unidos de México, cargo que ostentó hasta el 30 de noviembre de 1976, que
fue relevado por José López Portillo.
En el período de su presidencia optó por la llamada "apertura democrática",
acometió una política económica basada en la iniciativa del sector público y
centró todas sus actuaciones en el diálogo.
En el plano internacional, tuvo una importante actuación. Efectuó numerosas
giras, no sólo por el continente americano sino también por Europa y Asia.
Tuvo un papel muy importante en todos los foros internacionales en los que
se trató el problema del Tercer Mundo participó en la elaboración de la Carta
de Derechos y Deberes económicos de los Estados.
En 1975 fue uno de los fundadores del SELA, Sistema Económico
Latinoamericano, junto al entonces presidente de Venezuela, Carlos Andrés
Pérez.
Al dejar la presidencia fue nombrado embajador de México ante la UNESCO
en París hasta 1979, año en que fue enviado como representante diplomático
a Australia y Nueva Zelanda. Posteriormente se ha hecho cargo en México del
Centro de Estudios Económicos y Sociales del Tercer Mundo.
Ha sido presidente de la Asociación Latinoamericana de los Derechos
Humanos (ALDHU) y presidente del Centro de Estudios Sociales y
Económicos del Tercer Mundo en Ciudad de México.
En marzo de 1989 fue nombrado por Colombia y Venezuela miembro de una
Comisión de Conciliación para resolver los problemas fronterizos de ambos
países.
Presente en la vida política nacional, en 1995 fue uno de los dirigentes del PRI
más críticos con el ex presidente Salinas por la muerte del ex candidato
Colosio.
En 1996 Echeverría inició una disputa con el ex presidente Salinas, al que
responsabilizó del estallido de la crisis económica de diciembre de 1994,
mientras que éste acusaba a Echeverría de promover una vuelta al populismo
y desarticular las reformas económicas puestas en marcha durante su
mandato.
En febrero de 1998 Luis Echeverría tuvo que comparecer ante una comisión
legislativa (Comisión de la Verdad), creada para investigar la matanza de la
Plaza de Tlatelolco, ocurrida en Ciudad de México el 2 de octubre de 1968,
cuando él era ministro de Gobernación. En la masacre murieron, según cifras
oficiales, una treintena de estudiantes, aunque fuentes extraoficiales sitúan en
300 los muertos.
En aquella declaración el ex presidente mexicano expresó su desacuerdo con
la versión oficial de la masacre estudiantil de 1968 al negar la influencia
extranjera y reiterar que el Ejército actuó por órdenes del entonces presidente
de la nación, Gustavo Díaz Ordaz.
En octubre de 2000 se supo que el fallecido ex presidente Díaz Ordaz
(1964-1970) había asumido, en sus memorias póstumas, la responsabilidad
por la masacre de Tlatelolco, aunque no la culpabilidad, la cual, según Díaz
Ordaz, compartirían Luis Echeverría (ex ministro de Gobernación), Marcelino
García Barragán (ex ministro de la Defensa Nacional), Alfonso Corona del
Rosal (ex jefe del Gobierno de la Ciudad de México) y Agustín Yáñez (ex
ministro de Educación Pública).
Además de la de Tlatelolco, también se atribuye a Luis Echverría la
responsabilidad de otra masacre, la del Jueves de Corpus Christi, ocurrida el
10 de junio de 1971, año en que éste ocupaba ya la presidencia de México.
Ante una marcha de miles de estudiantes en protesta por la represión oficial,
una unidad de la policía conocida como "Los Halcones" realizó disparos que
causaron 17 muertos y cientos de heridos.
En enero de 2002 la Suprema Corte de Justicia de México ordenó a la
Procuraduría General de la República (Fiscalía) la reapertura de la
investigación sobre la matanza de Tlatelolco, tres años después de que esta
institución se declarara incapacitada para investigarla. A los seis meses, en
junio de 2002 el izquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD)
denunció a Luis Echeverría ante la Fiscalía de la capital mexicana por la
matanza de 1971.
El julio de 2002 Luis Echeverría compareció ante el Fiscal Especial sobre
Movimientos Sociales para aclarar su presunta responsabilidad en la
masacre Tlatelolco y sobre la matanza del Jueves de Corpus. En ambas
declaraciones negó su responsabilidad en los hechos.
Un mes después, el ex líder universitario Federico Emery Ulloa presentó una
nueva denuncia contra Echeverría por secuestro, torturas y uso ilegal de
drogas.
En agosto, Luis Echeverría se negó a declarar sobre la masacre de Tlatelolco,
y se acogió al artículo 20 de la Constitución, según el cual ninguna persona
está obligada a declarar ante el Ministerio Público. A finales de mes, y tras una
breve estancia hospitalaria, Luis Echeverría prestó finalmente declaración
domiciliaria a los funcionarios de la Fiscalía mexicana, que acudieron a su
residencia de Cuernavaca.
En julio de 2004, el Fiscal General, Ignacio Carrillo, presentó ante el juez un
expediente en el que pedía la encarcelación de Luis Echeverría por delitos de
genocidio, algo que el juez José César Flores, desestimó al considerar que
ese delito había prescrito.
Ya en febrero de 2005 y ante el recurso presentado por el fiscal el año anterior,
la Corte Suprema declaró que no se podía aplicar de forma retroactiva la ley
internacional que califica el genocidio como delito porque había entrado en
vigor en 2002. Sin embargo, esta institución se comprometió a estudiar si
podía juzgarse bajo las normas del país y el 15 de junio confirmó que los
delitos de genocidio imputados a Luis Echeverría por la matanza de
estudiantes en 1971 no habían prescrito.
Luis Echeverría es viudo y padre de ocho hijos.
NOTAS PERIODÍSTICA
Después de 38 años de ocurrida la matanza del 2 de octubre de 1968, un magistrado federal de la ciudad de México libró una orden de reaprehensión domiciliaria en contra del priísta Luis Echeverría Alvarez, presidente de la República entre 1970 y 1976, y ordenó que sea juzgado por ser probable responsable del delito de genocidio.
La resolución del magistrado Ricardo Paredes Calderón revocó el auto de libertad que concedió el pasado 8 de julio a Echeverría el juez federal Ranulfo Castillo, quien consideró entonces que el delito de genocidio había prescrito el 10 de noviembre de 2005.
El magistrado Paredes, titular del segundo tribunal unitario penal, consideró ayer que Echeverría, cuando se desempeñó como secretario de Gobernación, "en forma conjunta con otras instituciones, perpetró una conducta que trajo como consecuencia los hechos de 1968, pues por medio de la Dirección Federal de Seguridad (DFS) se constituyó un grupo armado, denominado Batallón Olimpia".
El juzgador puntualizó que Echeverría "ordenó que los miembros de ese batallón se presentaran en el mitin del 2 de octubre de 1968, y en forma coordinada con otras fuerzas armadas, iniciaran el fuego cruzado, entre ellos y los elementos del Ejército, y con otros contingentes, con la intención de aprovecharlo para disparar contra los estudiantes y la multitud congregada, perpetrando delitos contra la vida de un número considerable de personas, y con el propósito de destruir totalmente al grupo nacional identificado como 'movimiento estudiantil' del 68".
Se trata del primer juicio penal que se inicia en tribunales mexicanos por el delito de genocidio y contra un ex mandatario del país, aunque el inculpado no podrá ser encarcelado ni se verá obligado a acudir al juzgado 15 de distrito ubicado en el Reclusorio Sur.
La decisión judicial de conceder la prisión domiciliaria obedece a la avanzada edad del inculpado (85 años) y a su precario estado de salud.
Todo el proceso penal que puede durar varios años se desarrollará en la casa del ex mandatario, lo que obligará a las autoridades judiciales a trasladarse a la residencia de Echeverría cada que sea necesario desahogar una diligencia.
Este jueves, un actuario del juzgado 15 de distrito acudirá a la casa de Echeverría para notificarle que está sujeto a proceso e informarle que tiene derecho de aportar todas las pruebas con que cuente para desacreditar la acusación que le fincó la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp).
Los abogados del ex mandatario, Juan Velázquez y Heraclio Bonilla, fueron notificados de la decisión del juez en contra del inculpado a las 15:30 horas. Quien no acudió al tribunal ayer fue el titular de la Femospp, Ignacio Carrillo Prieto.
En cuanto se enteraron de la determinación judicial, los defensores informaron por teléfono a Echeverría.
"Estamos muy mortificados, incluido el ex presidente; es una noticia que no esperábamos; probablemente vamos a interponer una demanda de amparo indirecto ante otro tribunal unitario para buscar evitar el proceso penal", aseguró en entrevista el penalista Juan Velázquez.
Como si se hubiera enterado de una sentencia favorable a su defendido, el litigante aseguró: "esta resolución, irónicamente, nos beneficia, porque nos da la oportunidad de demostrar que en México nunca ocurrió un genocidio".
Esta es la segunda ocasión que se ordena la aprehensión de Echeverría, en la modalidad de prisión domiciliaria.
La primera ocurrió el pasado 30 de junio, cuando el magistrado federal José Angel Mattar consideró que el ex presidente fraguó un plan para destruir de manera parcial al grupo nacional opositor al gobierno denominado Consejo Nacional de Huelga (CNH), integrado por dirigentes del movimiento estudiantil de 1968, y por ello ordenó aprehender al inculpado.
El auto de sujeción a proceso que ayer ordenó Paredes Calderón en contra del indiciado ocurre a escasas horas de que el presidente Vicente Fox traspase el gobierno a su sucesor, Felipe Calderón.
Apenas la semana pasada, el fiscal Carrillo Prieto frenó una consignación penal en contra de Luis Echeverría, por el caso de decenas de ex guerrilleros de la organización fundada por Lucio Cabañas, quienes fueron secuestrados durante la llamada guerra sucia en Guerrero.
Aunque la averiguación previa ya estaba concluida, y en ella se incluía a Echeverría, de último momento la Femospp decidió no pedir la captura del ex mandatario.
Por la tarde, el magistrado Paredes Calderón emitió un comunicado para informar su determinación de revocar el auto de libertad en favor de Echeverría que había librado el juez Ranulfo Castillo.
"La acción penal para la persecución del delito de genocidio no se encuentra prescrita, debido a que el conteo original del lapso de 30 años para la prescripción, debe comenzarse a contar el día de los hechos, que es el 2 de octubre de 1968.
"Sin embargo, no podía comenzar, por existir una causa que imposibilitaba la acción penal, como lo era el fuero constitucional de que gozaba el inculpado en su carácter de secretario de Gobernación.
"Una vez que concluyó su encargo, por renuncia presentada el 10 de noviembre de 1969, desapareció también el fuero constitucional, por lo que el plazo de prescripción iniciaba su cómputo a partir del día siguiente, es decir, el 11 de noviembre de 1969.
"Este conteo se vio interrumpido, en virtud de que el inculpado adquirió nuevamente fuero constitucional, al haberse declarado oficialmente la validez de las elecciones para Presidente de la República, lapso en que el Ministerio Público de la Federación se encontraba imposibilitado constitucional y legalmente para perseguir el delito, hasta el día 30 de noviembre de 1976.
"Por tanto, el plazo de 30 años para la prescripción, empezó a correr de nuevo, a partir del primero de diciembre de 1976; por lo que habría fenecido al 30 de noviembre de 2006. Sin embargo, el inculpado fue aprehendido antes de tal fecha, el 3 de julio de 2006, evento que interrumpió el transcurso de la prescripción. En consecuencia se estimó que la acción penal no estaba prescrita", puntualizó el comunicado.
Hace tres décadas, Echeverría dejó el poder en medio de una grave crisis económica, con la primera gran devaluación del peso en posguerra (de 12.50 a 19 pesos por dólar), y rumores persistentes de golpe de Estado. Durante su sexenio encabezó un gobierno represor que tuvo su punto más crítico el 10 de junio de 1971, cuando el grupo paramilitar conocido como Halcones asesinó a un grupo de manifestantes en el Distrito Federal.
El 2 de julio de 2002, a menos de dos años del inicio del sexenio foxista, el fiscal Ignacio Carrillo Prieto logró sentar en el banquillo de los acusados a Echeverría.
En ningún momento, luego de más de dos años de litigios en tribunales mexicanos, el titular de la Femospp logró que Echeverría pisara la cárcel.
México D.F. el 17 de enero de 1922.
En 1940 ingresó en la Escuela Nacional de Jurisprudencia de la Universidad
Nacional Autónoma de México, donde se licenció en Derecho en agosto de
1945. En 1947 fue catedrático de Teoría General del Estado en la misma
Escuela.
En sus años de estudiante fundó la revista "México y Universidad".
En 1946 ingresó en el Partido Revolucionario Institucional (PRI), donde
comenzó como secretario particular del Presidente del Comité Central
Ejecutivo, general Rodolfo Suárez Taboada, ha sido también director de
prensa y propaganda del mismo partido y en 1958 fue nombrado Oficial Mayor.
Respecto a las responsabilidades en la vida política de su país, en 1952 fue
designado Director General de Cuenta y Administración de la Secretaría de
Marina. Dos años después, en 1954, fue nombrado Oficial Mayor de la
Secretaría de Educación Pública.
En 1958 obtuvo el cargo de Subsecretario de Gobernación, alcanzó la
Secretaría (ministerio) en 1964, cargo que ocupó hasta su presentación como
candidato a la presidencia de la República en 1969. Como consecuencia de
su cargo, fue nombrado asimismo Presidente de la Comisión Federal
Electoral.
Durante su mandato asistió como presidente de la comisión mexicana al
Congreso de las Naciones Unidas sobre prevención del delito y tratamiento
del delincuente celebrado en Londres en 1960.
Asimismo vivió las revueltas estudiantiles en la Universidad de México en
octubre de 1968, en las que actuó como mediador, desde su puesto de
secretario(ministro) de gobernación, que ocupó durante la presidencia de
Gustavo Díaz Ordaz (1964-1970).
El 10 de diciembre de 1970 tomó posesión como Presidente de los Estados
Unidos de México, cargo que ostentó hasta el 30 de noviembre de 1976, que
fue relevado por José López Portillo.
En el período de su presidencia optó por la llamada "apertura democrática",
acometió una política económica basada en la iniciativa del sector público y
centró todas sus actuaciones en el diálogo.
En el plano internacional, tuvo una importante actuación. Efectuó numerosas
giras, no sólo por el continente americano sino también por Europa y Asia.
Tuvo un papel muy importante en todos los foros internacionales en los que
se trató el problema del Tercer Mundo participó en la elaboración de la Carta
de Derechos y Deberes económicos de los Estados.
En 1975 fue uno de los fundadores del SELA, Sistema Económico
Latinoamericano, junto al entonces presidente de Venezuela, Carlos Andrés
Pérez.
Al dejar la presidencia fue nombrado embajador de México ante la UNESCO
en París hasta 1979, año en que fue enviado como representante diplomático
a Australia y Nueva Zelanda. Posteriormente se ha hecho cargo en México del
Centro de Estudios Económicos y Sociales del Tercer Mundo.
Ha sido presidente de la Asociación Latinoamericana de los Derechos
Humanos (ALDHU) y presidente del Centro de Estudios Sociales y
Económicos del Tercer Mundo en Ciudad de México.
En marzo de 1989 fue nombrado por Colombia y Venezuela miembro de una
Comisión de Conciliación para resolver los problemas fronterizos de ambos
países.
Presente en la vida política nacional, en 1995 fue uno de los dirigentes del PRI
más críticos con el ex presidente Salinas por la muerte del ex candidato
Colosio.
En 1996 Echeverría inició una disputa con el ex presidente Salinas, al que
responsabilizó del estallido de la crisis económica de diciembre de 1994,
mientras que éste acusaba a Echeverría de promover una vuelta al populismo
y desarticular las reformas económicas puestas en marcha durante su
mandato.
En febrero de 1998 Luis Echeverría tuvo que comparecer ante una comisión
legislativa (Comisión de la Verdad), creada para investigar la matanza de la
Plaza de Tlatelolco, ocurrida en Ciudad de México el 2 de octubre de 1968,
cuando él era ministro de Gobernación. En la masacre murieron, según cifras
oficiales, una treintena de estudiantes, aunque fuentes extraoficiales sitúan en
300 los muertos.
En aquella declaración el ex presidente mexicano expresó su desacuerdo con
la versión oficial de la masacre estudiantil de 1968 al negar la influencia
extranjera y reiterar que el Ejército actuó por órdenes del entonces presidente
de la nación, Gustavo Díaz Ordaz.
En octubre de 2000 se supo que el fallecido ex presidente Díaz Ordaz
(1964-1970) había asumido, en sus memorias póstumas, la responsabilidad
por la masacre de Tlatelolco, aunque no la culpabilidad, la cual, según Díaz
Ordaz, compartirían Luis Echeverría (ex ministro de Gobernación), Marcelino
García Barragán (ex ministro de la Defensa Nacional), Alfonso Corona del
Rosal (ex jefe del Gobierno de la Ciudad de México) y Agustín Yáñez (ex
ministro de Educación Pública).
Además de la de Tlatelolco, también se atribuye a Luis Echverría la
responsabilidad de otra masacre, la del Jueves de Corpus Christi, ocurrida el
10 de junio de 1971, año en que éste ocupaba ya la presidencia de México.
Ante una marcha de miles de estudiantes en protesta por la represión oficial,
una unidad de la policía conocida como "Los Halcones" realizó disparos que
causaron 17 muertos y cientos de heridos.
En enero de 2002 la Suprema Corte de Justicia de México ordenó a la
Procuraduría General de la República (Fiscalía) la reapertura de la
investigación sobre la matanza de Tlatelolco, tres años después de que esta
institución se declarara incapacitada para investigarla. A los seis meses, en
junio de 2002 el izquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD)
denunció a Luis Echeverría ante la Fiscalía de la capital mexicana por la
matanza de 1971.
El julio de 2002 Luis Echeverría compareció ante el Fiscal Especial sobre
Movimientos Sociales para aclarar su presunta responsabilidad en la
masacre Tlatelolco y sobre la matanza del Jueves de Corpus. En ambas
declaraciones negó su responsabilidad en los hechos.
Un mes después, el ex líder universitario Federico Emery Ulloa presentó una
nueva denuncia contra Echeverría por secuestro, torturas y uso ilegal de
drogas.
En agosto, Luis Echeverría se negó a declarar sobre la masacre de Tlatelolco,
y se acogió al artículo 20 de la Constitución, según el cual ninguna persona
está obligada a declarar ante el Ministerio Público. A finales de mes, y tras una
breve estancia hospitalaria, Luis Echeverría prestó finalmente declaración
domiciliaria a los funcionarios de la Fiscalía mexicana, que acudieron a su
residencia de Cuernavaca.
En julio de 2004, el Fiscal General, Ignacio Carrillo, presentó ante el juez un
expediente en el que pedía la encarcelación de Luis Echeverría por delitos de
genocidio, algo que el juez José César Flores, desestimó al considerar que
ese delito había prescrito.
Ya en febrero de 2005 y ante el recurso presentado por el fiscal el año anterior,
la Corte Suprema declaró que no se podía aplicar de forma retroactiva la ley
internacional que califica el genocidio como delito porque había entrado en
vigor en 2002. Sin embargo, esta institución se comprometió a estudiar si
podía juzgarse bajo las normas del país y el 15 de junio confirmó que los
delitos de genocidio imputados a Luis Echeverría por la matanza de
estudiantes en 1971 no habían prescrito.
Luis Echeverría es viudo y padre de ocho hijos.
NOTAS PERIODÍSTICA
Después de 38 años de ocurrida la matanza del 2 de octubre de 1968, un magistrado federal de la ciudad de México libró una orden de reaprehensión domiciliaria en contra del priísta Luis Echeverría Alvarez, presidente de la República entre 1970 y 1976, y ordenó que sea juzgado por ser probable responsable del delito de genocidio.
La resolución del magistrado Ricardo Paredes Calderón revocó el auto de libertad que concedió el pasado 8 de julio a Echeverría el juez federal Ranulfo Castillo, quien consideró entonces que el delito de genocidio había prescrito el 10 de noviembre de 2005.
El magistrado Paredes, titular del segundo tribunal unitario penal, consideró ayer que Echeverría, cuando se desempeñó como secretario de Gobernación, "en forma conjunta con otras instituciones, perpetró una conducta que trajo como consecuencia los hechos de 1968, pues por medio de la Dirección Federal de Seguridad (DFS) se constituyó un grupo armado, denominado Batallón Olimpia".
El juzgador puntualizó que Echeverría "ordenó que los miembros de ese batallón se presentaran en el mitin del 2 de octubre de 1968, y en forma coordinada con otras fuerzas armadas, iniciaran el fuego cruzado, entre ellos y los elementos del Ejército, y con otros contingentes, con la intención de aprovecharlo para disparar contra los estudiantes y la multitud congregada, perpetrando delitos contra la vida de un número considerable de personas, y con el propósito de destruir totalmente al grupo nacional identificado como 'movimiento estudiantil' del 68".
Se trata del primer juicio penal que se inicia en tribunales mexicanos por el delito de genocidio y contra un ex mandatario del país, aunque el inculpado no podrá ser encarcelado ni se verá obligado a acudir al juzgado 15 de distrito ubicado en el Reclusorio Sur.
La decisión judicial de conceder la prisión domiciliaria obedece a la avanzada edad del inculpado (85 años) y a su precario estado de salud.
Todo el proceso penal que puede durar varios años se desarrollará en la casa del ex mandatario, lo que obligará a las autoridades judiciales a trasladarse a la residencia de Echeverría cada que sea necesario desahogar una diligencia.
Este jueves, un actuario del juzgado 15 de distrito acudirá a la casa de Echeverría para notificarle que está sujeto a proceso e informarle que tiene derecho de aportar todas las pruebas con que cuente para desacreditar la acusación que le fincó la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp).
Los abogados del ex mandatario, Juan Velázquez y Heraclio Bonilla, fueron notificados de la decisión del juez en contra del inculpado a las 15:30 horas. Quien no acudió al tribunal ayer fue el titular de la Femospp, Ignacio Carrillo Prieto.
En cuanto se enteraron de la determinación judicial, los defensores informaron por teléfono a Echeverría.
"Estamos muy mortificados, incluido el ex presidente; es una noticia que no esperábamos; probablemente vamos a interponer una demanda de amparo indirecto ante otro tribunal unitario para buscar evitar el proceso penal", aseguró en entrevista el penalista Juan Velázquez.
Como si se hubiera enterado de una sentencia favorable a su defendido, el litigante aseguró: "esta resolución, irónicamente, nos beneficia, porque nos da la oportunidad de demostrar que en México nunca ocurrió un genocidio".
Esta es la segunda ocasión que se ordena la aprehensión de Echeverría, en la modalidad de prisión domiciliaria.
La primera ocurrió el pasado 30 de junio, cuando el magistrado federal José Angel Mattar consideró que el ex presidente fraguó un plan para destruir de manera parcial al grupo nacional opositor al gobierno denominado Consejo Nacional de Huelga (CNH), integrado por dirigentes del movimiento estudiantil de 1968, y por ello ordenó aprehender al inculpado.
El auto de sujeción a proceso que ayer ordenó Paredes Calderón en contra del indiciado ocurre a escasas horas de que el presidente Vicente Fox traspase el gobierno a su sucesor, Felipe Calderón.
Apenas la semana pasada, el fiscal Carrillo Prieto frenó una consignación penal en contra de Luis Echeverría, por el caso de decenas de ex guerrilleros de la organización fundada por Lucio Cabañas, quienes fueron secuestrados durante la llamada guerra sucia en Guerrero.
Aunque la averiguación previa ya estaba concluida, y en ella se incluía a Echeverría, de último momento la Femospp decidió no pedir la captura del ex mandatario.
Por la tarde, el magistrado Paredes Calderón emitió un comunicado para informar su determinación de revocar el auto de libertad en favor de Echeverría que había librado el juez Ranulfo Castillo.
"La acción penal para la persecución del delito de genocidio no se encuentra prescrita, debido a que el conteo original del lapso de 30 años para la prescripción, debe comenzarse a contar el día de los hechos, que es el 2 de octubre de 1968.
"Sin embargo, no podía comenzar, por existir una causa que imposibilitaba la acción penal, como lo era el fuero constitucional de que gozaba el inculpado en su carácter de secretario de Gobernación.
"Una vez que concluyó su encargo, por renuncia presentada el 10 de noviembre de 1969, desapareció también el fuero constitucional, por lo que el plazo de prescripción iniciaba su cómputo a partir del día siguiente, es decir, el 11 de noviembre de 1969.
"Este conteo se vio interrumpido, en virtud de que el inculpado adquirió nuevamente fuero constitucional, al haberse declarado oficialmente la validez de las elecciones para Presidente de la República, lapso en que el Ministerio Público de la Federación se encontraba imposibilitado constitucional y legalmente para perseguir el delito, hasta el día 30 de noviembre de 1976.
"Por tanto, el plazo de 30 años para la prescripción, empezó a correr de nuevo, a partir del primero de diciembre de 1976; por lo que habría fenecido al 30 de noviembre de 2006. Sin embargo, el inculpado fue aprehendido antes de tal fecha, el 3 de julio de 2006, evento que interrumpió el transcurso de la prescripción. En consecuencia se estimó que la acción penal no estaba prescrita", puntualizó el comunicado.
Hace tres décadas, Echeverría dejó el poder en medio de una grave crisis económica, con la primera gran devaluación del peso en posguerra (de 12.50 a 19 pesos por dólar), y rumores persistentes de golpe de Estado. Durante su sexenio encabezó un gobierno represor que tuvo su punto más crítico el 10 de junio de 1971, cuando el grupo paramilitar conocido como Halcones asesinó a un grupo de manifestantes en el Distrito Federal.
El 2 de julio de 2002, a menos de dos años del inicio del sexenio foxista, el fiscal Ignacio Carrillo Prieto logró sentar en el banquillo de los acusados a Echeverría.
En ningún momento, luego de más de dos años de litigios en tribunales mexicanos, el titular de la Femospp logró que Echeverría pisara la cárcel.
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